El Congreso de los Diputados aprobó este jueves el informe de la Comisión de Igualdad de la Cámara que incluye 213 medidas para impulsar un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
El informe se gestó en una subcomisión creada en la Comisión de Igualdad para avanzar en la elaboración de un pacto de Estado. Salió adelante con 278 votos a favor y 65 abstenciones, correspondientes a Unidos Podemos y Bildu. El texto ha contado con las aportaciones de 66 comparecencias entre organizaciones feministas, víctimas y demás expertos, para acabar con la violencia machista.
«Este pacto no nos vale porque no tiene garantías», declaró desde la tribuna de oradores la diputada de En Marea Ángela Rodríguez. Su compañera de Unidos Podemos Sofía Fernández añadió que «no es un pacto feminista» y que se ha decidido «parchear», al tiempo que se mostró partidaria de un pacto más amplio que acabe con las «estructuras» machistas.
«Saben que todo lo que hay en el pacto es útil para las víctimas», afeó la diputada del PSOE Ángeles Álvarez a Unidos Podemos. «Nosotros no nos vamos a abstener ante su dolor», añadió. Por su parte, su compañera de partido y presidenta de la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja, Pilar Cancela, aplaudió las virtudes del pacto y pidió fijarse en los «jóvenes».
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, señaló que hoy es «un día de esperanza» y dijo que este pacto lanza «un mensaje claro y nítido al maltratador, porque no tiene cabida en nuestra sociedad».
La diputada de Ciudadanos Patricia Reyes ensalzó lo acordado y recordó que «si varios grupos quieren llegar a un acuerdo, los grupos tendrán que renunciar» y ceder cierto margen. «Y así ha sido; no había manera de llegar al consenso y se han dado debates largos y acalorados», dijo. Por el PNV, Joseba Andoni Agirretxea destacó que «todos hicimos aportaciones y renuncias».
«REPÚBLICA CATALANA FEMINISTA»
Desde ERC, la diputada independentista Teresa Jordà apeló al referéndum catalán del 1 de octubre para «proclamar» en Cataluña «una república feminista», al tiempo que sentenció que «nuestra voz no será silenciada». No obstante, su partido votó a favor del pacto de Estado.
Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria, se quejó de no haber podido participar en la subcomisión que ha elaborado el informe del Pacto de Estado porque, de los siete partidos que forman parte del Grupo Mixto, tan sólo dos tuvieron derecho a formar parte. Asimismo, criticó la tardanza con la que se protege a las mujeres una vez presentada la denuncia.
Por Compromís, Marta Sorlí precisó que se trata de un acuerdo de «suficiente pelado» y lamentó que no se trata de un «pacto social» porque, pese a haber escuchado en las comparecencias a las organizaciones civiles, el texto no se ha consensuado con ellas y «se han quedado fuera».
El pacto recoge 213 medidas construidas en base a 66 comparecencias, en las que han participado históricas feministas como Ana María Pérez del Campo, organizaciones de mujeres, expertos y demás entidades de la sociedad civil o la discapacidad, como el Cermi-Mujeres.
También asume que los centros escolares deberán enseñar historia de los movimientos feministas y sus logros por la igualdad entre hombres y mujeres, así como dotar de más recursos a los servicios y juzgados de violencia de género.
Aborda aspectos como la educación en igualdad y amplía el reconocimiento de víctima de violencia de género a hijos e hijas. De hecho, reconoce como tal a las madres cuyos hijos hayan sido asesinados por el padre.
