Los partidos prevén dotar con 1.000 millones el Pacto contra la Violencia de Género

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El Pacto de Estado sobre Violencia de Género, que actualmente se está cerrando en la subcomisión del Congreso de los Diputados, llevará pareja una memoria económica que contempla 1.000 millones de euros para la puesta en marcha de 200 medidas, en los próximos cinco años, contra la violencia machista en España.

Fuentes cercanas a la negociación consultadas por Servimedia aseguraron que los parlamentarios están todavía concretando el documento, aunque este jueves quedó bastante ultimado, con el objetivo de que el próximo lunes se pueda aprobar en una última reunión de la subcomisión. Después, el viernes 28, se llevaría para su aprobación en la Comisión de Igualdad y no será hasta ese momento cuando se dé por cerrado el acuerdo. Se cumpliría así el plazo que se habían fijado de sacarlo adelante antes de agosto.

Tras esto, el pacto deberá ser ratificado en el Pleno del Congreso en el próximo periodo de sesiones, que se inicia en septiembre. Después de aprobarse, se remitirá al Gobierno, que tiene dos meses para estudiarlo y tramitar lo que decida en el Parlamento.

1.000 MILLONES DE EUROS

Las fuentes consultadas detallaron que en las últimas horas el monto total fue variando desde 500 euros hasta «rondar los 1.000 millones de euros», según confirmaron a esta agencia distintas fuentes parlamentarias de varios partidos.

Además, puesto que hay comunidades autónomas con competencias exclusivas en esta materia, el pacto establece que «se va a aportar cada año una dotación económica de 50 millones a repartir», los cuales serán finalistas, es decir, que todo ese dinero irá «destinado a políticas de igualdad y contra la violencia», según una de estas fuentes.

Otras fuentes consultadas insistieron en que todavía hay «flecos» que siguen sin cerrarse y remarcaron que el documento está abierto a cambios.

Fuentes conocedoras de las negociaciones reconocieron que el PSOE amenazó con levantarse de la mesa si el Ejecutivo no se comprometía con una memoria económica del pacto, una vez que el PP remitió un borrador basado en intenciones y con pocas medidas.

Entre estos «flecos», fuentes cercanas a la subcomisión aclararon que todavía queda por concretar «cuál es la definición central de ‘violencia de género’ que se acuerda en el pacto», que es donde «hay más reticencias». Por tanto, agregaron que «no es cierto» que haya un acuerdo, porque la definición de lo que es ‘violencia de género’ «es lo más gordo», teniendo en cuenta que «afecta a todo lo que se dice en ese pacto».

EVITAR LA DOBLE VICTIMIZACIÓN

Entre los aspectos consensuados por los partidos políticos se encuentra el refuerzo de la formación en violencia de género de los agentes que intervienen en el proceso, así como el acompañamiento de la denunciante en todo el proceso, con abogados y procuradores para ayudarla en todo el proceso desde el minuto uno.

La modificación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal fue otro de los elementos de debate, puesto que la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, entre otros, destacaron la necesidad de suprimir la dispensa de la obligación de declarar que actualmente se contempla para las víctimas de violencia de género, para lograr que estos delitos no queden impunes.

A este respecto, las primeras fuentes consultadas señalaron que «cada grupo tiene su sensibilidad», por lo que la forma final dependerá de cómo quede el tratamiento de enmiendas en la ley.

Con todo, indicaron que se ha avanzado al respecto porque se hará hincapié en la importancia de que no se caiga en «una doble victimización», ya que, tal y como está ahora redactada, la persona que quiere denunciar «se encuentra con muchas cortapisas» y «se le recuerda constantemente que se puede tirar para atrás y que si no lo hace la persona denunciada puede acabar en la cárcel», provocando la retirada de denuncias.